Además, la crisis se ve agravada por la demora en la puesta en marcha del Gasoducto Néstor Kirchner y la dependencia del gas importado, que es más costoso y difícil de obtener en tiempos de alta demanda.
El Gobierno ha declarado un estado de «preemergencia» y ha solicitado a las empresas distribuidoras información detallada sobre sus contratos de transporte interrumpibles para poder gestionar la crisis de manera más efectiva.
Salta, junto con otras provincias del norte, depende del gas proveniente de Bolivia, cuyo suministro también está en riesgo debido a la disminución de la producción en ese país. Esto, combinado con la no finalización del proyecto de reversión del Gasoducto Norte, agrava la situación en la región.
La preocupación se centra en que Salta podría enfrentar un severo desabastecimiento de gas durante este invierno, afectando tanto a los hogares como a las industrias locales, lo que podría tener serias repercusiones económicas y sociales.
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