La referida solicitud incluye la identificación oficial de su junta directiva y la designación de un representante que acepte y cumpla con las leyes venezolanas.
Durante una entrevista que ofreció Ñáñez a un medio local, destacó que «todavía estamos esperando que ellos se hagan cargo», en alusión a la falta de respuestas de la empresa.
El ministro aclaró que el Gobierno venezolano espera que X cumpla con sus obligaciones legales en el país, mientras las autoridades continúan trabajando en la protección de su ciberespacio y la regulación del uso de tecnologías.
El pasado 8 de agosto, el presidente Nicolás Maduro ordenó la suspensión de X en todo el territorio venezolano durante diez días, por estar, presuntamente, «incitando al odio, al fascismo, a la guerra civil, a la muerte, al enfrentamiento entre los venezolanos».
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