«Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Un abrazo fuerte para todos», concluyó su mensaje. El exembajador llegó este domingo a Madrid en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas, tras pasar más de un mes amparado en dependencias diplomáticas de Países Bajos. Es acusado de delitos relacionados con las denuncias de fraude electoral en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
El líder opositor no había participado en ningún acto público desde las elecciones y ahora el ministro de Exteriores de Países Bajos, Caspar Veldkamp, explicó que decidió atender una petición «urgente» el día después de los comicios para acoger al excandidato presidencial durante «todo el tiempo que fuese necesario». Así lo explicó en una carta remitida al Parlamento y en la que también detalla que finalmente González Urrutia optó por abandonar esta sede y «seguir su lucha desde España», según informó la agencia Bloomberg.
«Es obviamente condenable y repudiable esta acción del régimen autoritario venezolano», subrayó la OEA y consideró que «todo ha sido conforme se esperaba de ellos» porque es «ridículo» esperar «elecciones libres, justas y transparentes». «Venezuela definitivamente no necesita ni un solo preso político más, ni un solo torturado más, no necesita ni una víctima más de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Sabemos lo que son las cárceles del régimen y sabemos la triste naturaleza humana de la cadena de mando de la represión dictatorial», añadió la OEA en su comunicado.
La Fiscalía General de Venezuela solicitó una orden de aprehensión, firmada por el fiscal auxiliar Luis Ernesto Dueñez, contra el excandidato opositor por los supuestos delitos de «usurpación de funciones», «forjamiento de documento público», «instigación a la desobediencia de leyes», «conspiración», «sabotaje a daños de sistemas» y «asociación».
La solicitud llegó después de que el excandidato opositor no acudiese el viernes 30 de agosto a la sede de la Fiscalía que lo investiga por la publicación en internet de datos que acreditarían su victoria en los comicios del 28 de junio, tratándose de la tercera vez que se negó a comparecer.
El diplomático argumentó que el Ministerio Público actuaba como un «acusador político» que lo sometería a un proceso «sin garantías de independencia y del debido proceso». Las citaciones estaban enfocadas en el sitio web en el que la oposición publicó copias de más del 80% de las actas de votación, que asegura prueban la victoria de González Urrutia el 28 de julio y el fraude de Maduro. El Ministerio Público ya había advertido que, de no acudir, entendería que había «peligro de fuga» y «peligro de obstaculización» de las investigaciones.
Maduro pidió públicamente cárcel para González Urrutia (tras llamarlo “cobarde”) y para la líder opositora María Corina Machado, también en la clandestinidad, responsabilizándolos de hechos de violencia en las protestas poselectorales, que registraron 27 muertos —dos de ellos militares—, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos. El fiscal general, Tarek William Saab, ya había anunciado una investigación penal contra ambos por «instigación a la insurrección» militar.
ML / ds
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