La institución informó a través de su cuenta de la red social X que la medida fue adoptada por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley tras «rechazar la solicitud de sobreseimiento (archivo)» presentada por la defensa del exjefe de Estado.
Según indicó el juez, «los argumentos presentados tanto por la Fiscalía como la defensa de los imputados deben ser contrastados en la etapa de juicio oral y no en el control de acusación».
La continuidad del proceso también alcanza a Betssy Chávez, quien era presidenta del Consejo de Ministros cuando Castillo hizo el anuncio el 7 de diciembre del 2022, ya su antecesor y exministro de Justicia y Derechos Humanos Aníbal Torres.
Según explicó el diario privado El Comercio, de esta manera se avizora que Castillo «irá a juicio por los presuntos delitos de rebelión y conspiración» por el intento de golpe de Estado, y allí «finalmente se determinará su responsabilidad penal».
La apertura del caso se produjo en enero de este año y se encuentra en etapa de control de acusación, en la cual se evaluarán las pruebas y testimonio para el venidero juicio oral.
El Ministerio Público solicitó privativa de libertad de hasta 34 años contra Castillo, 25 años contra Chávez y 15 para Torres.
Según la prensa local, el trámite comenzará en la próxima sesión de control de acusación, que será el 17 de septiembre próximo, con el debate sobre los testigos de la Fiscalía que declararán en el juicio.
Se espera que cuando termine el control y la admisión de las pruebas, el juez peruano emita el auto de enjuiciamiento en el que ordenará formalmente que el caso vaya a juicio y lo derivará a una sala de la Corte Suprema.
El pasado 18 de julio, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema decidió ampliar la medida de prisión preventiva contra Castillo, quien permanece recluido en la cárcel de Barbadillo de Lima.
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