Los gobernadores, especialmente los disidentes, se ven afectados por las medidas de ajuste, como los despidos en La Rioja y otros distritos. La desconfianza crece en torno a las reuniones entre funcionarios y gobernadores, mientras se cuestiona la viabilidad del Pacto de Mayo.
En medio de esta situación, se evidencian diferencias ideológicas y regionales, como en el caso de Santa Fe, que busca beneficios en la ley de biocombustibles. Las tensiones se intensifican con declaraciones como las del gobernador santacruceño Claudio Vidal, condicionando el pacto a la asignación de recursos.
La falta de consenso y las divergencias en temas clave como la reforma laboral y los fondos coparticipables ponen en riesgo la concreción del Pacto de Mayo. A medida que las discusiones avanzan, las grietas ideológicas se profundizan y el gobierno central enfrenta el desafío de mantener la cohesión nacional.
