El juez Stephen Phillips, en su fallo, señaló comprender el impacto financiero adicional en una economía en dificultades, pero no encontró pruebas ni argumentos sobre un daño irremediable a la población. Los abogados de los fondos consideran improbable el pago y buscarán retrasar la decisión, dada la situación económica del país. El fallo de primera instancia argumentó que el cambio en la metodología de cálculo del PBI por el INDEC provocó pérdidas para los tenedores de bonos, quienes además de los €1.330 millones, recibirán intereses desde diciembre de 2014.
Los «cupones PBI» fueron lanzados durante la gestión de Roberto Lavagna en el ministerio de Economía, estableciendo pagos a bonistas cuando el crecimiento económico superara el 3%. Emitidos en diversas monedas, buscaban que Argentina pagara más con un crecimiento económico mayor. En 2012 dejaron de cancelarse, y en 2013, Axel Kicillof anunció un crecimiento del 3%, insuficiente para ejecutar el pago. La situación genera incertidumbre en el ámbito económico y legal, mientras se espera el desenlace de este complejo proceso judicial.