El proyecto de ley recibió sanción definitiva con el objetivo de evaluar el impacto ambiental en todas sus dimensiones, con la participación de las comunidades originarias según el Convenio 169 de la OIT. Este enfoque busca salvaguardar las prioridades de desarrollo de las comunidades y su derecho a la libre determinación. Se destaca la importancia de considerar las características geológicas y geográficas de la región en los estudios.
Durante el debate, se recordó que el acuerdo fue resultado de un juicio en la Corte Suprema de Justicia de la Nación iniciado en 2019 por la Comunidad Aborigen de Santuario de Tres Pozos. Además, se señaló que las empresas mineras presentan estudios de impacto ambiental para proyectos puntuales, mientras que el convenio busca evaluar los impactos acumulativos en la región.
La legislatura también aprobó un proyecto de declaración de rechazo a la privatización del Banco Nación, generando debate sobre la gestión del banco estatal y su importancia para la economía nacional. La discusión reflejó diferentes posturas respecto a la privatización de empresas estatales y su impacto en la economía y la sociedad. En otro orden, se dio media sanción a modificaciones en la Ley de Ficha Limpia, que pasó al Senado para su revisión.
